El R.D. Ley 1/2017 sobre devolución de las cláusulas suelo.

Como es sabido, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Eurobancopea, de fecha 21 de diciembre de 2016, en relación con la eficacia retroactiva señalada por el Tribunal Supremo desde el 9 de Mayo de 2013, ha fallado que las clausulas suelo son abusivas y que por tanto, los efectos de la nulidad son ex ante, es decir, desde el principio de la vida del préstamo.

Esta nueva doctrina conlleva que los prestatarios afectados soliciten las cantidades pagadas de más desde el principio, primero en el cauce establecido (oficina de atención al cliente del banco – Banco de España) y después, si no hubo acuerdo por el cauce legal indicado: juzgado.

El Real Decreto.

Lo que ocurre es que el Gobierno, junto con otros dos partidos del hemiciclo, ha diseñado un procedimiento para tratar de evitar la vía judicial mediante el RD Ley 1/2017,  sobre la devolución de las cláusulas suelo, publicado y con vigor desde el 21 de Enero de 2017.

El nuevo procedimiento extrajudicial supone:

  • Que el consumidor / prestatario realice una reclamación, en la mayoría de las ocasiones con formularios elaborados por la entidad bancaria.

Esta reclamación  tendrá consecuencias para el llamado consumidor / prestatario. Entre otras cosas dejan de valer las reclamaciones anteriores.

Algunas entidades bancarias no tenían diseñado el procedimiento con la entrada en vigor de la norma, porque el RDL le otorga a la entidad bancaria un mes para organizarlo, por lo que de facto el procedimiento comienza en febrero de 2017.

  • La entidad de crédito comunicará al consumidor/ prestatario la cantidad a devolver (si la entidad entiende que procede).
  • El consumidor / prestatario debe manifestar si está de acuerdo con esta cantidad o no. El acuerdo deberá llegar en el plazo máximo de 3 meses desde la iniciación de la reclamación.

Cualquier jurista sabe que no hay nada que negociar. Si una cláusula es nula se deberá entender por no puesta, y por tanto lo cobrado de más debe ser reintegrado al consumidor/prestatario.

Este plazo de 3 meses es una demora añadida que a quién beneficia es al Ministerio de Justicia (evitando colapsos judiciales) y a la entidad bancaria (que alarga una vez más la fecha de devolución de las cantidades cobradas de más).

  • Durante este tiempo ninguna de las partes puede acudir a otra vía, sea judicial o extrajudicial.
  • Si el consumidor/ prestatario está de acuerdo la entidad de crédito debe devolver las cantidades en la cuenta bancaria de su entidad o amortizando el préstamo.

No es lo mismo, pues, si se devuelve el dinero, el consumidor/ prestatario debe regularizar en su declaración de la renta las deducciones por financiación ajena de la vivienda habitual, mientras que si amortiza el préstamo no.

Muchos juristas indican que plantear un Real Decreto en estos términos supone demorar y en su caso, ningunear la eficacia de la Sentencia del TJUE, así como obviar el art 51 de nuestra Constitución Española.

 

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