La Ley 30/1992 será derogada

Las promociones universitarias desde 1993 hasta hoy, a la hora de estudiar Dlibro derechoerecho Administrativo, tenían que acudir inexorablemente  a la  Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Pues bien, sepan que esta norma será sustituida por dos Leyes el 2 de octubre de 2016.

La idea del legislador, como se hiciera  con la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957 y la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958 es establecer una dualidad normativa:

• Se regula ad extra, es decir la relación de la administración con el ciudadano, con la publicada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, ya conocida como la PACA.
• Y se regula ad intra, esto es, el régimen del sector público, así como los principios de la potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas  con la también publicada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Estos son algunos cambios que entiendo significativos:

 

Los interesados.
-Introduce nuevos interesados en su art. 4 (asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y social) y nuevos medios de representación (art. 5).

Es curioso. La norma incorpora sujetos de orden ecónomico, cuando los administrados somos sujetos de derecho (también civil). Somos en suma  ciudadanos, que como tales tendríamos derecho a acceder a un expediente y a no delatar a quien infrinja una norma administrativa, por más que se incorpore la recompensa de la exención o de la rebaja. (art. 62.4 Ley 39/2015)

Días hábiles.
-Los sábados pasan a ser días inhábiles. Era natural. Porque si los negociados cierran el viernes a las dos o las tres de la tarde, el administrado no tendría porque descontar en sus plazos un sábado en el que no puede gestionar nada.

Notificaciones por correo certificado.
-Los segundos intentos de notificaciones se realizarán después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos.

Acceso, notificaciones, expedientes y registros electrónicos.
Esta norma introduce aspectos ya normados por la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y aclara los siguientes extremos:

-Los particulares podrán optar entre la vía tradicional o la electrónica, pero las personas jurídicas, sus representantes o los profesionales colegiados deberán obligatoriamente relacionarse por la vía electrónica.
-Para los que se dedican a realizar trámites, representando a empresas y particulares, por internet se prevé el apoderamiento electrónico.
-Se contempla que las notificaciones serán preferentemente electrónicas. Es decir habrá que entrar continuamente al correo, pues si en 10 días naturales no se abre, la notificación se entenderá practicada. Nada se dice del periodo vacacional, se supone que uno debe abrir su correo al menos cada nueve días.
-Se regula el expediente electrónico y el derecho del ciudadano a obtener la copia auténtica (es decir, que esté en poder de la Administración y contenga metadatos). Se echa de menos que se exprese que el administrador pueda conocer en todo momento el estado de tramitación del expediente.
-Se regulan los Registros Electrónicos por los que el ciudadano podrá presentar sus documentos cualquier día y a cualquier hora, aunque si lo hace en día inhábil, se entiende que se presentó el primer minuto del día hábil siguiente. Ello supone que ahora cuenten las horas y los minutos del día. Cuidado con hacerlo todo a última hora, porque puede ocurrir un “De Egea” que eche a perder un trámite.
-Desaparecen los informes no preceptivos y determinantes. Esto es, si no es obligatorio deja de ser determinante.

La reclamación previa
La reclamaciones civiles y laborales contra la administración no necesitarán del pronunciamiento previo de ésta. Esto es quizá lo más novedoso de la Ley 39/2015. Desaparece la reclamación previa a la vía civil y laboral, por lo que se podrá demandar a la Administración directamente, sin necesidad de que aquella se pronuncie.
Esto ha venido a su vez a modificar la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (Ley 36/2011). Para ello hay que acudir a la disposición adicional tercera de dicha Ley 39/2015.

La potestad sancionadora.

La potestad sancionadora de la administración cobra importancia, pero se difumina la regulación. Los principios de la potestad sancionadora no se regulan en la Ley 39/2015 sino los arts. 25 a 31 de la nueva Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público.
El procedimiento se regula en el art. 63 , 64, 85 , 89 y 90 de la Ley 39/2015

La responsabilidad patrimonial.
Igual ocurre con la responsabilidad patrimonial. El procedimiento se regula en el art. 65, 67, 68, 81 y 91 de la Ley 39/2015, pero la exigencia de responsabilidad a las autoridades y personal, así como la responsabilidad penal se regula respectivamente en los arts. 36 y 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

En resumen:
Las dos normas vienen a complicar la sistemática de la legislación troncal administrativa. Aprovechando la incorporación de la Ley 11/2007 se ha tejido una maraña de artículos que a su vez deslindan unos procedimientos de otros,

Para entender de la responsabilidad patrimonial o de la potestad sancionadora hay que acudir primero a las Ley 40/2015 (sus principios) y luego conocer el procedimiento acudiendo a artículos dispersos de la Ley 39/2015.

La “vacatio legis” de las dos normas pienso que ahonda en la inseguridad jurídica. Algunos artículos han quedado incompletos y creo que es muy posible que antes de su entrada en vigor alguna de ellas, sobre todo la de procedimiento administrativo, sea reformada.

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